Los trabajadores de Illinois pronto podrían estar protegidos por medidas más estrictas contra las represalias en el lugar de trabajo, gracias a la legislación patrocinada por la Senadora estatal Cristina Castro.

"Los trabajadores de todo el estado merecen seguridad y protección en el trabajo," dijo Castro (D-Elgin). "Cuando un empleado da la voz de alarma sobre algo como un peligro en el lugar de trabajo, tenemos que asegurarnos de que las leyes esten en su lugar para protegerlos de represalias. Nadie debe ser castigado por alzar la voz para que las condiciones de trabajo sean más seguras para todos."

Castro lidera una medida para reforzar la ley actual que prohíbe a los empresarios tomar represalias contra los empleados que denuncien prácticas ilegales, incluidas amenazas a la salud pública o la seguridad, en el lugar de trabajo. La legislación mejora la protección de los denunciantes ampliando las definiciones y la actividad protegida, concediendo recursos más amplios a los empleados afectados y otorgando al Fiscal General de Illinois la capacidad de actuar en nombre de los trabajadores cuyos empleadores hayan tomado represalias contra ellos por revelar una práctica peligrosa o ilegal.

Para algunos trabajadores inmigrantes, defender sus derechos puede significar poner en peligro su sustento y el de su familia. Para defender a estos empleados, la legislación también busca conceder mayores protecciones y recursos a los denunciantes que se enfrentan a represalias relacionadas con la inmigración, como la amenaza de que un empleador se ponga en contacto con las autoridades de inmigración de Estados Unidos en respuesta a la revelación de información protegida por parte de un trabajador.

"Los inmigrantes en Illinois tienen algunas de las tasas de participación laboral más altas de cualquier población; son contribuyentes vitales para la economía, sus comunidades y sus familias," dijo Castro. "Necesitamos protecciones para asegurarnos de que los empleadores no se esten aprovechando de sus trabajadores amenazando con tomar medidas relacionadas con la inmigración para evitar que hablen."

El proyecto de ley 5561 de la Cámara de Representantes estatal fue aprobado por el Senado el jueves y está un paso más cerca de convertirse en ley.