SPRINGFIELD — La senadora estatal Cristina Castro patrocinó una medida que protegería los derechos constitucionales de los residentes de Illinois en medio de las continuas redadas federales en empresas y hogares.

"Nuestras escuelas, nuestros hospitales y nuestros barrios están siendo atacados,” afirmó Castro (D-Elgin). “Nuestras comunidades no deberían tener que temer por su vida cotidiana."

La medida incluye iniciativas del Caucus Latino del Senado de Illinois para proteger los derechos constitucionales de los residentes de Illinois y garantizar un acceso seguro a los espacios públicos en medio de violaciones cada vez más agresivas de esos derechos en Chicago y en todo el estado.

Permitiría a los ciudadanos y residentes de Illinois entablar acciones civiles contra cualquier persona que les impida ejercer sus derechos constitucionales mientras se llevan a cabo medidas civiles de control migratorio. Se podrían imponer daños punitivos cuando los agentes adopten determinados comportamientos, como llevar máscaras para ocultar sus rostros, negarse a identificarse o conducir vehículos con matrículas ocultas o alteradas.

La legislación exigiría además a las universidades públicas establecer procedimientos para revisar las solicitudes de acceso de las fuerzas del orden y prohibiría la divulgación no autorizada del estatus migratorio.

La medida también codificaría las protecciones del derecho común existentes desde hace tiempo para garantizar que los denunciantes, los testigos y sus familiares puedan acceder al sistema judicial sin temor a ser detenidos por la policía. La legislación crearía una zona de seguridad de 1,000 pies alrededor de los juzgados, incluyendo los estacionamientos y las calles de alrededor. Las infracciones llevarían a daños civiles por detención ilegal.

Del mismo modo, todos los hospitales de Illinois estarían obligados a desarrollar políticas integrales para las interacciones con las fuerzas del orden a principios de 2026, con multas diarias de $500 por no cumplir con la legislación. Las guarderías con licencia también estarían obligadas a adoptar políticas para interactuar con las fuerzas del orden, incluyendo requisitos de notificación y consentimiento de los padres antes de compartir la información de los niños, al tiempo que se prohíbe la divulgación de la ciudadanía o el estatus migratorio, a menos que sea requerido por ley.

"Este no será el último obstáculo que se nos presente," dijo Castro. "Pero es un paso hacia la rendición de cuentas, la transparencia y la protección de nuestras comunidades vulnerables. "

El proyecto de ley 1312 de la Cámara de Representantes Estatal fue aprobado por el Senado.